Respaldamos el accionar de madres y padres de familia de diversas parroquias rurales del cantón Cuenca, quienes, en los exteriores de la Coordinación Zonal 6 del Ministerio de Educación, exigieron la firma inmediata de los convenios que permitan al Municipio intervenir en planteles educativos que se encuentran en estado crítico.
Esta acción evidencia el hartazgo frente al abandono de la infraestructura educativa y la burocracia del Ministerio de Educación, que continúa sin priorizar recursos para garantizar una infraestructura educativa adecuada, ha frenado la inversión municipal de USD 700.000 para las unidades educativas rurales.
Refleja, además, las limitaciones generadas por la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, que, al liquidar cerca de 1.000 millones de dólares del presupuesto que el Gobierno central adeuda a los GADs, se ha convertido en un obstáculo más para que los gobiernos locales intervengan con rapidez en la infraestructura educativa, lo que pone en riesgo la seguridad de la comunidad educativa y afecta el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Por ello, exigimos que la educación sea declarada en emergencia y se dé prioridad a la educación pública, especialmente en las zonas rurales, y se destinen los recursos necesarios para enfrentar esta y otras problemáticas del sistema educativo y se ejecuten y cumplan los derechos del magisterio.