La Corte Constitucional del Ecuador en su sentencia No. 95-18-EP/24 establece con claridad que los niños, niñas y adolescentes deben recibir un acompañamiento de los entes sociales llamados a hacerlo -familia y el sistema educativo- con acciones integrales adecuadas para la fase del ciclo de vida en el que se encuentren, en especial cuando se encuentran en un proceso de reconocimiento y autoconocimiento de su identidad de género.
Varios grupos de extrema derecha se han pronunciado contra esta sentencia, llamando a defender la “familia”. Lamentablemente, autoridades como la Ministra de Educación han caído en esta campaña por limitar los derechos y evitar la discriminación de las minorías en las instituciones de educación.
La Corte Constitucional en la sentencia No. 95-18-EP/24 dispone que se modifiquen los protocolos de actuación para prevenir y combatir la discriminación sexo-genérica de niños, niñas y adolescentes, el oponerse a esta medida por parte de la autoridad nacional de educación, pone en riesgo a la niñez del país, en especial, cuando el Estado es deudor de la aplicación de los sistemas de prevención de la violencia y de educación inclusiva establecidos en la Ley Orgánica de Educación Intercultural así como de varias de las medidas de reparación dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la sentencia Guzmán Albarracín y Otras vs. Ecuador.
En lugar de manipular temas de derechos para conseguir votos, se debe priorizar la política pública para evitar la violencia y discriminación al interior y exterior de las instituciones educativas.