La UNE condena el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a Varias Leyes para el Fortalecimiento del Trabajo en el Sector Público y Privado y de sus Organizaciones Sindicales que contiene reformas a la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), Ley Orgánica de Empresas Públicas (LOEP) y normativa conexa, porque incorpora disposiciones que vulneran derechos laborales y principios constitucionales que se debatirán en la Asamblea Nacional en los próximos días.
Esta norma es una réplica de la Ley Orgánica de Integridad Pública (LOIP) que fue derogada por la Corte Constitucional y rechazada por los trabajadores en todo el país. Causa intriga que a un mes de finalizar el 2025, fecha en la que finalizan los contratos y nombramientos provisionales, se quiera aprobar esta ley en segundo debate. ¿Se vienen más despidos? En el sector público existen aproximadamente 100.000 contratos ocasionales, quienes se verán afectados junto a sus familias a causa de estas reformas y a ellos se suman los nombramientos provisionales.
El bloque oficialista de ADN pretende burlarse de la decisión de los ecuatorianos que se opuso a la constituyente, ya que la actual prohíbe la precarización laboral. Con esta reforma a la LOSEP, los docentes con contratos y nombramientos provisionales podrán seguir con esa modalidad contractual hasta que se jubilen, impidiendo que accedan a los ascensos, cambios y reubicación, así como al incentivo jubilar. Se vuelve a la figura de supresión de partidas, que fue utilizada en julio para echar a la calle a 5000 servidores públicos y que afectó el servicio administrativo, de consejería estudiantil y de las UDAI en los distritos educativos. En lugar de ampliar el número de servidores públicos que ayuden a los docentes para aplicar los apoyos pedagógicos y las adaptaciones curriculares, los despedirán.
En las Empresas Públicas el Contrato Colectivo ya no será una garantía de estabilidad. Con esta reforma, que quiere aprobar Noboa y sus legisladores, se pretende que sean los directorios los que dispongan los despidos intempestivos.
Adicional a esto, y siguiendo el camino de la Ley de Transparencia que afecta el derecho a la libertad de organización, ADN pretende limitar los derechos de sindicalización y la autonomía de las organizaciones de los trabajadores.
Por ello, desde UNE rechazamos este proyecto de ley e instamos a la Asamblea Nacional a su archivo inmediato.