En Ecuador los fenómenos sociales de desigualdad, violencias, microtráfico, migración, exclusión de los sistemas de educación y salud se han profundizado. A esto se suma la grave crisis de seguridad que posiciona a nuestro país como el más violento de América Latina. En este contexto, se ha logrado constar que los niños (as), adolescentes y jóvenes están siendo utilizados en la primera línea de las acciones delictivas y donde las cifras relacionadas con esta situación son estremecedoras.
UNICEF Regional denuncia que la tasa de homicidios de niñas, niños y adolescentes aumentó en un 700%. Según datos de la Policía Nacional, solo en los dos meses iniciales (enero – febrero) del denominado conflicto interno se registraron 240 menores detenidos; 1 de cada 4 niños (as) sufre de desnutrición; 40 niñas de entre 10 y 14 años dan a luz cada semana, los suicidios se han convertido en la primera causa de muerte violenta en los adolescentes; 1 de cada 2 niños sufre de maltrato físico o psicológico. Y si mencionamos el ámbito de la educación, más de 250 mil niños, niñas y adolescentes han abandonado las aulas en los últimos cinco años lectivos. Mientras en los meses de enero y febrero del año en curso más de 300 niños (as) fueron encontrados solos, sin papá o mamá en pasos ilegales fronterizos entre México y Estados Unidos.
Frente a esta realidad que vive nuestra niñez lo único que se identifica son políticas punitivas y un populismo jurídico que lo único que han generado es estereotipos en el cual todo niño (a) o joven, sobre todo de lugares populares es visto como amenaza. Mientras el Código Orgánico de Protección de la Niñez lleva 6 años formulándose y aún no se aprueba. No existe un Plan Nacional de Protección Integral a los niños, niñas y adolescentes. No hay un plan de reinserción escolar. En lugar de invertir en educación, se recortaron USD 39 millones del presupuesto. En el régimen Costa & Galápagos han pasado 23 días desde la inauguración del año lectivo 2024-2025 y no llega el desayuno y textos escolares.
Es evidente que el Gobierno y Estado no comprenden que, en las actuales condiciones, el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado ocurre por el abandono estructural del que son víctimas; los grupos delincuenciales se seguirán aprovechando de la pobreza y exclusión en la que estos se desenvuelven, de la falta de protección y cuidado. Mientras no se ataque a la pobreza, está seguirá siendo el caldo de cultivo que alimenta las actividades criminales.
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