Desde meses atrás, la Unión Nacional de Educadores (UNE) viene alertando y presentando propuestas que permitan resolver la grave crisis que enfrenta el Sistema Nacional de Educación. Sin embargo, desde el Gobierno y Estado no existen respuestas claras.
A tres días de iniciar el nuevo año lectivo 2024-2025 en el Régimen Costa – Galápagos. Los problemas son evidentes y requieren una acción inmediata por parte del Ministerio de Educación. Aproximadamente 70.000 niños, niñas y adolescentes no volverán a las aulas para este año escolar 2024 – 2025 debido a la pobreza, violencia e inseguridad en los espacios educativos.
La situación se agrava por los efectos de las inundaciones y deslaves que podrían haber afectado a más de 4.000 planteles educativos en todo el país y donde varias instituciones educativas no han tenido otra opción que suspender sus actividades presenciales como sucede en la provincia de Napo.
No existe convocatoria a concurso de méritos y oposición como establece el Art. 99 de la LOEI: “…al inicio de los ciclos lectivos de cada año…” pese a que en el Plan de Desarrollo 2024-2025 Para el Nuevo Ecuador establece que en los últimos cinco años lectivos el país ha perdido aproximadamente 25 mil profesores que una vez más no son remplazados (pág. 68).
Producto de las denuncias presentadas por UNE a la Fiscalía General del Estado, esta institución ha determinado que las denuncias son reales y están relacionadas a delitos de extorsión, intimidación, secuestro extorsivo, robos, violencia psicológica. Los profesores víctimas de este tipo de delitos por parte de la delincuencia regresan a sus actividades en los mismos planteles y territorios del Régimen Costa. Evidenciándose que al Gobierno no le importa la vida de los maestros (as).
Más de 15.000 profesores están siendo afectados por más de dos años al no ejecutarse el proceso de escalafonamiento establecido en la Transitoria Trigésima Tercera de la LOEI y a pesar que MinEduc mediante oficio NRO. MINEDUC-202400661-OF solicitó al Ministerio de Finanzas los respectivos recursos.
Más de 1.000 docentes no reciben respuesta a sus procesos de sectorización; 7.000 siguen discriminados de la equiparación salarial, en lo fundamental, docentes que desarrollan sus labores en zonas urbanas y fronterizas.
Conminamos a la nueva ministra de Educación a tomar medidas concretas para abordar estos y otros problemas, así como a escuchar y recoger las propuestas de los diferentes actores de la educación. Desde la UNE exigimos al Gobierno establecer la mesa para analizar la declaratoria de Emergencia en Educación que se comprometió el 9 de abril luego de la marcha nacional de UNE y los sectores educativos.
Señalamos que de no recibir respuesta alguna nos veremos obligados a movilizarnos en defensa de la educación y los derechos de nuestros estudiantes y docentes. Pues no estamos y no queremos cruzar los brazos mientras nuestros niños (as) abandonan las escuelas para ser reclutados por el narcotráfico, migrar por pasos ilegales o acrecentar las filas del trabajo infantil.
¡Educación en Emergencia YA!