Denunciamos que este viernes 6 de noviembre la Asamblea Nacional buscará aprobar la Proforma Presupuestaria 2027, presentada por el Gobierno de Daniel Noboa, la cual no garantiza mayores asignaciones, recursos estables y una ejecución efectiva para salud y educación. Según el análisis presupuestario, la propuesta contempla USD 13.701 millones para amortización de deuda pública y egresos financieros, frente a aproximadamente USD 12.536 millones para salud y educación inicial, básica y bachillerato juntas. Más de mil millones de dólares de diferencia.
A esto se suma la autorización para financiar gastos permanentes de estos derechos con ingresos no permanentes, lo que exige un debate público sobre la sostenibilidad del financiamiento y las prioridades del Estado.
El Gobierno tampoco puede presentar las asignaciones de 2027 como un logro sin rendir cuentas sobre la ejecución de 2026. Según datos oficiales, a junio de este año, MINEDEC había devengado apenas el 45,47 % de su presupuesto codificado, mientras el MSP registraba una ejecución del 43,8 % de los recursos financiados. Aunque estos cortes no representan el cierre anual, evidencian amplios retrasos que deben explicarse y corregirse. Anunciar un “aumento” de recursos mientras se demora su ejecución es demagogia pura que agrava la crisis sanitaria y en educación. La Asamblea Nacional debe exigir resultados verificables sobre lo presupuestado, lo devengado y lo efectivamente pagado.
Si la Asamblea aprueba esta proforma sin atender estos cuestionamientos ni exigir garantías para los derechos sociales, consumará un nuevo ataque al área social. Respetar la Constitución exige fiscalizar el uso de los recursos públicos y justificar rigurosamente la excepcionalidad prevista en su artículo 286. Convertir esa excepción en una práctica habitual, sin resolver el financiamiento permanente de salud y educación, desconoce el deber de garantizar su sostenibilidad. Desde la UNE exigimos a todos los asambleístas responder ante la ciudadanía por sus votos y por las consecuencias de sus decisiones.
Llamamos a docentes, trabajadores de la salud, estudiantes, familias y organizaciones sociales a movilizarse este sábado 7 de noviembre en varias provincias del país, para exigir financiamiento suficiente y estable, ejecución oportuna y respeto a la Constitución. La salud, educación, seguridad y trabajo son derechos y no privilegios.