Frente al desgaste político del Gobierno, la crisis energética y los graves problemas que atraviesa el país en salud, educación, seguridad y empleo, el régimen de Daniel Noboa responde con el recrudecimiento de diversas acciones judiciales y administrativas contra dirigentes sociales, organizaciones populares y figuras políticas de la oposición.
En las últimas horas y días se han registrado hechos preocupantes:
- Guido Perugachi, presidente de la FENOCIN, este 22 de octubre de 2026, según la información recibida sobre la audiencia de apelación, se habría ratificado la orden de prisión preventiva dictada en su contra por las movilizaciones de 2025.
- Luisa González, excandidata presidencial, fue detenida este 22 de octubre.
- Pabel Muñoz, alcalde de Quito, enfrenta una denuncia penal que, por su contexto y oportunidad política, genera preocupación sobre una posible utilización de los mecanismos judiciales para afectar su participación electoral.
- La Unión Nacional de Educadores (UNE) también enfrenta una nueva actuación administrativa del Consejo Nacional Electoral quien, mediante Oficio Nro. CNE-CNTPP-2026-0045-OF, acaba de notificar un requerimiento a nuestro gremio de presentar, en un plazo de ocho días, documentación que certifique la vigencia en funciones de sus dirigentes nacionales. El requerimiento invoca el artículo 211 del Código de la Democracia, relativo a las competencias de control y fiscalización de los recursos utilizados en campañas electorales.
Esta actuación se relaciona con nuestra participación en el Referéndum y Consulta Popular del 16 de noviembre de 2025, cuando la UNE promovió la opción «No», que se impuso ampliamente en las cuatro preguntas propuestas por el Gobierno de Daniel Noboa. Nuestra preocupación no es infundada. La UNE ya enfrenta sanciones económicas de 18 mil dólares derivadas de su participación en la consulta popular del Yasuní de 2023.
Desde la UNE denunciamos y hacemos un llamado a la comunidad internacional y a las organizaciones de Derechos Humanos a dar seguimiento a lo que sucede en el Ecuador, ya que los procedimientos en curso buscan ser utilizados para consolidar prácticas autoritarias, criminalizar la protesta social, limitar la democracia, los derechos, las libertades y la participación política.
Convocamos a todos los sectores sociales y populares, pueblos del Ecuador, a unificarnos frente al autoritarismo, incapacidad y corrupción del Gobierno, que no nos deja otra alternativa que retomar la movilización social y el derecho constitucional a la resistencia.
COMITÉ EJECUTIVO UNE NACIONAL