La Unión Nacional de Educadores (UNE), ante la suspensión de clases presenciales dispuesta por el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura en las zonas 5 y 8, expresa su preocupación por los efectos de las intensas lluvias sobre la seguridad, la infraestructura de más de 3.700 instituciones educativas y la continuidad educativa de aproximadamente 1,3 millones de estudiantes de todos los sostenimientos.
La suspensión de clases es una medida necesaria para proteger la vida, pero no puede convertirse en la única respuesta del Gobierno frente a una emergencia climática que varios organismos e instituciones advirtieron con anticipación.
Desde abril de 2026, nuestra organización ha alertado sobre el deterioro de la infraestructura educativa. Posteriormente, en agosto, exigimos un Plan Nacional de Prevención, Contingencia y Continuidad Educativa frente al fenómeno de El Niño 2026-2027. El 14 de septiembre de 2026, mediante el oficio Nro. UNE-2026-184-OF, se solicitó una reunión a la Secretaría de Riesgos para presentar nuestros aportes sin obtener respuesta.
En septiembre publicamos la investigación Educación frente al fenómeno de El Niño 2026-2027: infraestructura educativa, ejecución presupuestaria y propuesta de la UNE, que identificó 3.873 instituciones educativas fiscales en zonas susceptibles a inundaciones o movimientos en masa, con 884.193 estudiantes potencialmente expuestos. Un diagnóstico más focalizado identificó 822 establecimientos en condiciones de mayor riesgo.
El estudio también evidenció una baja ejecución de recursos: al corte de agosto de 2026, los proyectos examinados de adecuaciones emergentes e infraestructura educativa recuperada registraban apenas el 1,46 % y el 0,91 % de ejecución presupuestaria, respectivamente.
La suspensión de la presencialidad no resuelve el deterioro de los establecimientos, las dificultades de movilidad ni la brecha digital que impide a numerosas familias acceder a modalidades virtuales. Tampoco pueden trasladarse a estudiantes, familias y docentes las consecuencias de una insuficiente preparación institucional.
Frente a esta situación, la UNE insiste en que no basta con suspender clases: hay que garantizar escuelas seguras y el derecho a la educación. Por lo cual, exigimos:
- Declarar en emergencia el Sistema Nacional de Educación e implementar inmediatamente el Plan Nacional de Prevención, Contingencia y Continuidad Educativa propuesto por la UNE, con presupuesto y responsabilidades definidos.
- Ejecutar de manera urgente los recursos destinados a infraestructura educativa, priorizando establecimientos expuestos a inundaciones, deslizamientos y deterioro estructural, y transparentar el avance físico y financiero de las obras.
- Publicar el listado de instituciones afectadas y en riesgo, identificadas mediante su código AMIE, ubicación, matrícula, nivel de vulnerabilidad, intervenciones realizadas y recursos asignados.
- Garantizar la continuidad educativa sin profundizar las desigualdades, mediante alternativas presenciales seguras, materiales pedagógicos y modalidades a distancia cuando sean viables, sin imponer la virtualidad a familias que carecen de conectividad o dispositivos.
- Establecer sistemas de alerta temprana y decisiones oportunas, coordinadas con los COE, para evitar que estudiantes y docentes tengan que desplazarse por vías inundadas o peligrosas.
El Gobierno conocía los riesgos. Hoy corresponde informar qué acciones preventivas se ejecutaron, corregir las deficiencias y garantizar respuestas eficaces antes de que nuevas emergencias comprometan la vida y la educación de nuestras comunidades.
COMITÉ EJECUTIVO UNE NACIONAL