Desde la Unión Nacional de Educadores (UNE) venimos insistiendo, alertando y denunciando permanentemente la violencia, amenazas e inseguridad que enfrentan docentes y estudiantes en distintas instituciones educativas del país. Por ello, nos preocupa la decisión de la Fiscalía de archivar, este viernes 25 de septiembre de 2026, la investigación iniciada por las amenazas e intimidaciones denunciadas contra docentes, tramitada por el presunto delito de terrorismo.
Según lo señalado en el proceso, pese a las diligencias realizadas, no fue posible obtener información relevante, útil o verificable que permitiera identificar a los responsables ni reunir elementos suficientes para acreditar el delito investigado. Ante esta solicitud, el juez dispuso el archivo de la investigación.
Las amenazas contra quienes educan no pueden terminar únicamente en el archivo de un expediente, quedar sin respuesta ni convertirse en parte de una peligrosa normalización de la violencia en el sistema educativo. El archivo de una investigación por falta de elementos suficientes no significa que las amenazas denunciadas hayan dejado de existir, ni elimina la situación de inseguridad que viven docentes, estudiantes y comunidades educativas. Detrás de cada denuncia hay un maestro, una familia y una comunidad que necesitan respuestas y garantías efectivas de protección.
Mientras el Estado exige a los docentes cumplir con su labor incluso en territorios atravesados por la violencia, las instituciones responsables de garantizar la seguridad, investigar los delitos y proteger a las víctimas tienen la obligación de fortalecer sus mecanismos de actuación.
La seguridad de quienes enseñan y aprenden debe ser una prioridad del Estado. Frente a esta realidad, desde la UNE exigimos:
- Una respuesta efectiva y articulada del Gobierno y de las instituciones competentes frente a las amenazas, extorsiones y hechos de violencia que afectan al magisterio y a las comunidades educativas.
- El fortalecimiento de los mecanismos de denuncia, investigación, seguimiento y protección para docentes amenazados.
- Que cualquier nuevo elemento relacionado con estos hechos sea investigado de manera inmediata, rigurosa y exhaustiva.
La violencia contra un docente no puede convertirse en una estadística más. Cada amenaza debe ser investigada y cada docente amenazado debe contar con protección efectiva. Desde la UNE continuaremos denunciando, acompañando y exigiendo respuestas frente a cualquier hecho que ponga en riesgo la vida y la integridad de quienes sostienen diariamente la educación pública ecuatoriana.