La ministra de Educación, Cultura y Deporte, Gilda Alcívar, anunció este 31 de agosto una inversión de USD 52,1 millones y aseguró que 1.705 instituciones educativas fueron intervenidas. Sin embargo, todavía existen 112 planteles que requieren procesos de repotenciación.
El Gobierno debe transparentar estas cifras: ¿cuáles son las instituciones intervenidas?, ¿dónde están ubicadas?, ¿qué tipo de obras se realizaron y cuánto se invirtió en cada una? Estas preguntas son necesarias porque, hasta abril de 2026, de los USD 53,4 millones codificados para proyectos de infraestructura escolar, apenas se habían ejecutado USD 3,8 millones, cerca del 7%, según el portal del Ministerio de Economía y Finanzas. Razón por la cual el Gobierno debe explicar cómo se relaciona este nivel de ejecución presupuestaria con las más de 1.700 instituciones que afirma haber intervenido.
Como dice nuestro pueblo: para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado.
La seguridad también genera interrogantes. En septiembre de 2022, el Gobierno puso en marcha el Plan Nacional Escuelas Seguras, que priorizó inicialmente 220 instituciones educativas en nueve provincias. Ahora, el denominado Plan Escudo iniciaría con la atención de 450 planteles únicamente en el régimen Sierra-Amazonía.
Que el número de instituciones priorizadas por razones de seguridad prácticamente se duplique no puede presentarse únicamente como un logro. También evidencia la magnitud del problema y obliga a preguntar: ¿Qué resultados dejó el plan anterior?, ¿por qué aumentaron los planteles que requieren atención prioritaria?, ¿con qué recursos funcionará el nuevo plan y se mantendrá durante los 200 días del año lectivo?
La seguridad educativa no puede reducirse a presencia policial temporal. Ecuador necesita un plan integral y territorial para su Sistema Nacional de Educación, con protocolos diferenciados según los niveles de riesgo, protección de las rutas de acceso a los planteles, coordinación con gobiernos locales y organismos de seguridad, mecanismos para modificar jornadas o modalidades ante amenazas comprobadas y acciones de reinserción escolar para evitar que la violencia expulse a más niñas, niños y adolescentes del sistema educativo.
La educación pública no necesita fotografías de autoridades inaugurando el año lectivo ni anuncios millonarios sin resultados verificables. Necesita presupuesto ejecutado, infraestructura digna, docentes suficientes, atención psicológica, alimentación escolar y seguridad permanente.
Por ello, exigimos al Gobierno y al Ministerio de Educación:
- Transparentar las cifras anunciadas y publicar las instituciones intervenidas, los recursos ejecutados y los resultados alcanzados.
- Declarar la educación en emergencia.
- Frente a todos los problemas de inseguridad, que pasan por infraestructura también por las amenazas del fenómeno de El Niño, buscar los mecanismos jurídicos y económicos que permitan destinar USD 3.000 millones de los USD 12.000 millones disponibles de reservas internacionales.
- Cumplir las obligaciones pendientes con el magisterio, entre ellas la equiparación salarial y el escalafón docente, y garantizar condiciones dignas y seguras para el ejercicio de la docencia.
Un retorno seguro no se construye con discursos ni cifras sin verificar. Se construye con presupuesto ejecutado, prevención, seguridad permanente y resultados concretos.