Expresamos nuestra solidaridad con los 11 docentes desvinculados de la Universidad Central del Ecuador (UCE) y a sus familias. Frente a los cuestionamientos surgidos en torno a estas decisiones, exigimos transparencia y el pleno respeto al debido proceso, el derecho a la defensa y la estabilidad laboral, conforme a la Constitución y la normativa vigente.
Invitamos a las autoridades universitarias a centrarse en defender y fortalecer el presupuesto de la universidad pública, indispensable para garantizar una educación de calidad, así como el desarrollo de la docencia, la investigación, la vinculación, la infraestructura y los servicios universitarios. Esta responsabilidad adquiere especial relevancia ante un recorte presupuestario de aproximadamente USD 15,5 millones.
Las desvinculaciones, además, se producen en un contexto económico complejo para las familias ecuatorianas. En julio de 2026, la Canasta Familiar Básica alcanzó los USD 825,17, mientras que la tasa de desempleo se ubicó en el 3,1 %, según datos del INEC. En estas condiciones, la pérdida del empleo trasciende la reducción de un ingreso: compromete la alimentación, vivienda, educación y bienestar de las familias.
La calidad de la educación superior no se fortalece reduciendo su planta docente. La UCE requiere condiciones laborales dignas, mayor inversión en investigación, laboratorios, bibliotecas y tecnología, así como un presupuesto acorde con las necesidades de una universidad pública de referencia nacional.
¡En la UCE no sobran docentes: faltan recursos y voluntad para defender la Universidad Pública!