La Unión Nacional de Educadores (UNE) advirtió que el inicio del año lectivo 2026-2027 en el régimen Sierra-Amazonía se produce en un escenario marcado por riesgos naturales, pérdida de matrícula, inseguridad y derechos laborales pendientes.
Según datos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, 328 instituciones educativas, más de 39.000 estudiantes y cerca de 3.000 docentes se encuentran en zonas de riesgo frente al fenómeno de El Niño en la Sierra y Amazonía. La UNE demandó medidas preventivas y planes de contingencia que garanticen la continuidad educativa.
El gremio alertó además sobre la reducción sostenida de la matrícula. En la última década, el sistema educativo nacional registra una caída del 15%, equivalente a 688.932 estudiantes menos. La disminución alcanza el 21% en Educación Inicial, 14% en Educación General Básica y 11% en Bachillerato.
La inseguridad constituye otro de los principales problemas. Entre enero de 2025 y julio de 2026, 13 docentes fueron asesinados, mientras persisten amenazas, extorsiones y otros hechos violentos contra maestros e instituciones educativas. Además, los territorios incluidos en distintos niveles de alerta por el Departamento de Estado de Estados Unidos concentran 8.091 establecimientos educativos, más de 2,58 millones de estudiantes y más de 121.000 docentes. Para la UNE, la violencia ya no constituye únicamente un problema policial, militar, económico o turístico, sino también una emergencia educativa.
En materia laboral, la organización denunció incumplimientos que afectan a miles de docentes: la aplicación de la Transitoria 74 para más de 11.000 maestros con más de 25 años de servicio; el pago de la equiparación salarial del Grupo 8; la regularización de la mora patronal; la entrega de nombramientos definitivos a más de 49.000 docentes a contrato; el respeto a la jornada laboral; la reducción de la sobrecarga administrativa; la sectorización sin filtros y la convocatoria a procesos de ascenso y recategorización automática.
Ante este escenario, la UNE planteó declarar en emergencia el Sistema Nacional de Educación y aplicar el principio de “primero la vida, luego la deuda”, mediante procesos de negociación y reestructuración de la deuda externa. A su vez, buscar los mecanismos jurídicos y económicos que permitan destinar USD 3.000 millones de los USD 12.000 millones disponibles de reservas internacionales a educación, salud y a enfrentar el fenómeno de El Niño.
También pidió a la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional priorizar las reformas a la LOEI y propuso conformar una mesa técnica humanitaria interinstitucional para abordar el desplazamiento interno de familias provocado por la violencia, la interrupción de trayectorias educativas y los cambios de matrícula por amenazas e inseguridad.
Finalmente, exigió el cumplimiento inmediato de las obligaciones pendientes con los docentes, entre ellas la mora patronal, equiparación salarial del Grupo 8, aplicación de la Transitoria 74 de la LOEI e incentivos jubilares.
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