Nos solidarizamos con Guido Perugachi, presidente de la FENOCIN, quien enfrenta, este martes 11 de agosto, una audiencia de formulación de cargos por el presunto delito de paralización de servicio público, un proceso penal relacionado con las movilizaciones sociales desarrolladas en Imbabura durante el paro nacional de septiembre y octubre de 2025.
La persecución de dirigentes sociales no puede convertirse en una política de Estado. El artículo 98 de la Constitución reconoce expresamente el derecho de individuos y colectivos a ejercer la resistencia frente al poder público que vulnere sus derechos. Asimismo, la Corte Constitucional, en su Dictamen 6-25-EE/25, ha establecido que la protesta social y la oposición política son expresiones legítimas de los derechos de reunión y libertad de expresión y que no pueden utilizarse las restricciones como herramientas para silenciar el descontento ciudadano o desalentar la oposición política.
Desde la UNE exigimos que se respete el debido proceso, la presunción de inocencia, los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades y las garantías de quienes ejercen la protesta social.