Nos solidarizamos con Marcelo Rivera ante la sentencia que le impone una multa equivalente al 25% del Salario Básico Unificado, 30 días de prisión y la pretensión de suspender sus derechos políticos, como represalia por haber denunciado públicamente la grave situación de inseguridad que enfrenta el cantón Santo Domingo.
La denuncia de Marcelo Rivera se produjo después de que un compañero fuera apuñalado mientras el Gobernador y el alcalde desarrollaban un evento en el que afirmaban que existía seguridad en el cantón. En una democracia, denunciar la realidad no puede convertirse en un delito.
Este hecho se suma a la creciente persecución contra dirigentes sociales, sindicales, periodistas, defensores de derechos humanos y ciudadanos que alzan su voz para denunciar las vulneraciones de derechos y exigir respuestas a las autoridades.
Exigimos el respeto irrestricto a la libertad de expresión, al debido proceso y a los derechos políticos de Marcelo Rivera. Reiteramos que la respuesta del Estado frente a las denuncias ciudadanas debe ser garantizar justicia, seguridad y soluciones, no la criminalización de quienes ejercen su derecho a expresarse.