El Ecuador atraviesa un proceso preocupante de deterioro democrático. Las decisiones adoptadas por el Gobierno de Daniel Noboa muestran una tendencia creciente hacia la concentración del poder y el fortalecimiento de un Estado policíaco, cada día más autoritario, que se expresa en algunos de los siguientes elementos:
1. La aplicación de políticas de “mano dura” y la “propaganda de guerra”, emitida desde Carondelet para enfrentar la inseguridad, representa una reconfiguración del Estado basada en el control, la intimidación y el uso de las instituciones para limitar el ejercicio de los derechos y las libertades. Bajo el discurso de la seguridad, se pretende justificar la persecución de quienes cuestionan las decisiones gubernamentales, denuncian sus políticas o defienden los derechos de los sectores populares.
2. La militarización progresiva es otra de las expresiones más graves de esta orientación. La utilización permanente de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna desplaza las funciones civiles y fortalece una concepción represiva del orden público. De esta manera, la población deja de ser considerada sujeto de derechos y comienza a ser observada como un posible enemigo interno, especialmente cuando se organiza, se moviliza o expresa su rechazo a las políticas neoliberales que están desbaratando la salud y la educación públicas.
3. El uso del sistema judicial y de los organismos estatales es otro de los instrumentos de presión que utiliza el Gobierno contra dirigentes sociales, sindicales e indígenas. Estos hechos buscan silenciar las voces críticas y advertir al conjunto de las organizaciones sobre las consecuencias de enfrentar las decisiones del poder. Estas medidas también se han extendido a ciertos alcaldes, prefectos y representantes de juntas parroquiales.
4. La criminalización de la protesta social es otra de las líneas de acción del Gobierno de Noboa y tiene como propósito debilitar la capacidad de organización de los pueblos del Ecuador y de sus organizaciones populares. Mediante investigaciones, procesos judiciales, amenazas y campañas de desprestigio se intenta generar miedo entre quienes ejercen el derecho constitucional a la resistencia y a la revocatoria del mandato. La intención es impedir que los trabajadores, profesores, campesinos, indígenas, jóvenes, mujeres y comunidades se movilicen contra las medidas económicas, laborales y sociales que perjudican a las grandes mayorías.
5. La persecución también se extiende al ámbito electoral y de la participación política. Desde el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral se han promovido decisiones y sanciones que afectan a organizaciones sociales y políticas como la UNE, Yasunidos, la CONAIE y la Unión General de Trabajadores del Ecuador, las cuales han sido sancionadas económicamente luego de su participación en las consultas populares. Estas acciones evidencian el uso de las instituciones electorales para obstaculizar iniciativas ciudadanas, limitar la organización popular y reducir la presencia pública de sectores que mantienen posiciones críticas frente al Gobierno.
A esto se suman las sanciones y restricciones contra diversas organizaciones políticas, con las cuales nos solidarizamos. Las medidas dirigidas contra Revolución Ciudadana, RETO, Izquierda Democrática, el movimiento Amigo, las amenazas al Partido Socialista y el intento de ilegalizar a Unidad Popular no pueden analizarse como hechos aislados. En conjunto, revelan una estrategia destinada a eliminar competidores, reducir el pluralismo político y construir unas elecciones favorables a los intereses de ADN.
6. Por otra parte, el Plan de Seguridad Interna no ofrece una respuesta integral frente al crimen organizado, la violencia y la inseguridad que afectan diariamente a la población. Por el contrario, pretende servir como fundamento para ampliar la militarización, fortalecer los mecanismos de control y vigilancia, y legitimar la intervención represiva del Gobierno frente a las organizaciones y movimientos sociales. El combate a la delincuencia es utilizado como excusa para restringir libertades, perseguir dirigentes o impedir la protesta.
La seguridad debe construirse mediante políticas públicas, inversión social, empleo, educación, justicia independiente y un respeto irrestricto a los derechos humanos, algo que el Gobierno no cumple.
7. A estas acciones se añade el bloqueo, congelamiento o restricción de cuentas bancarias pertenecientes a organizaciones sociales. La utilización de la UAFE (Unidad de Análisis Financiero y Económico) como herramienta de presión representa una grave afectación a la libertad de asociación, pues limita la capacidad de los gremios y movimientos sociales para desarrollar sus actividades, sostener sus estructuras organizativas, movilizarse y defender los derechos de sus agremiados. Impedir el acceso a sus propios recursos económicos no solo busca paralizar su funcionamiento, sino también asfixiarlas económicamente y castigar su posición crítica frente al Gobierno.
Frente a este contexto, desde la Unión Nacional de Educadores (UNE) hacemos un llamado a todos los sectores democráticos y sociales para, en un solo puño, desarrollar una respuesta democrática, organizada y unitaria con miras a defender todos los derechos, así como la Constitución, el pluralismo político, la libertad de expresión y los derechos humanos, entre ellos la salud, la educación pública, el trabajo y la seguridad, además del derecho a la movilización social frente al autoritarismo. Este llamado no significa defender intereses particulares, sino preservar el derecho del pueblo ecuatoriano a participar, organizarse, resistir y decidir libremente su futuro.
Comité Ejecutivo – Unión Nacional de Educadores