La muerte de Mónika Silva, defensora de derechos humanos, activista anticorrupción y veedora ciudadana que dedicó años de su vida a denunciar redes de corrupción, abuso de poder y manipulación institucional en la provincia de Santa Elena nos consterna y extendemos nuestras condolencias con su familia y amigos.
Entre los casos que denunció públicamente se encuentran el denominado Caso Bellitec, Caso Sunshine y Caso Libertad (Gellibert), procesos que, según sus investigaciones, evidenciaban posibles mecanismos de apropiación irregular de tierras, utilización de recursos institucionales para beneficiar intereses privados y presuntas redes de protección política y judicial.
Particularmente, Mónika denunció el denominado Caso Bellitec, relacionado con la venta de aproximadamente 750 hectáreas de terrenos costeros en Santa Elena durante la administración municipal de la época, Otto Vera, a Niels Olsen, ex presidente de la Asamblea Nacional. Parte de esos terrenos correspondían a proyectos de vivienda y a propiedades privadas con documentación y registros catastrales vigentes. Asimismo, sostuvo que debían investigarse las irregularidades en la anulación de catastros, la transferencia de tierras y la actuación de distintas autoridades e instituciones involucradas en el proceso.
Sus denuncias también alcanzaron a organismos de control del Estado. Cuestionó la actuación de entidades encargadas de fiscalizar el uso de recursos públicos y exigió respuestas frente a denuncias que permanecían sin investigación oportuna. Y durante años denunció amenazas, hostigamientos, procesos de intimidación y riesgos derivados de su labor de fiscalización y denuncia. Como ocurre con numerosos defensores de derechos humanos, ambientalistas, periodistas, dirigentes sociales y ciudadanos comprometidos con la transparencia, enfrentó un escenario donde denunciar la corrupción implica frecuentemente exponerse a presiones y represalias.
La muerte de Mónika Silva no puede analizarse al margen de este contexto. Cuando una persona que denunció hechos de corrupción, cuestionó estructuras de poder y alertó sobre amenazas pierde la vida en circunstancias que demandan esclarecimiento, el Estado tiene la obligación de garantizar una investigación rigurosa, independiente y transparente que permita conocer toda la verdad.
La democracia se debilita cuando quienes ejercen el control social son perseguidos, amenazados o quedan desprotegidos. Exigimos al Gobierno, la Fiscalía General del Estado, a la Policía Nacional y a todas las instituciones competentes que agoten todas las líneas de investigación necesarias para esclarecer las circunstancias de la muerte de Mónika Silva y determinar las responsabilidades que correspondan. Asimismo, demandamos que se revisen los mecanismos de protección para defensores de derechos humanos, líderes sociales, periodistas y ciudadanos que enfrentan amenazas por ejercer su derecho a denunciar.