La Misión Sindical Internacional concluyó este 13 de mayo su agenda de trabajo en Ecuador con la presentación de hallazgos preliminares sobre la situación de la libertad sindical, los derechos laborales y las garantías democráticas en el país. Esto tras tres días de reuniones, recepción de testimonios y encuentros con organizaciones sindicales, sociales e instituciones del Estado.
La delegación internacional señaló que su visita tuvo como objetivo escuchar directamente a
trabajadoras, trabajadores y dirigencias sindicales, así como verificar denuncias relacionadas
con persecución antisindical, despidos arbitrarios, restricciones a la negociación colectiva,
criminalización de la protesta social e incumplimientos de los Convenios 87 y 98 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT). En el marco de su agenda, la delegación mantuvo
reuniones con distintas instituciones del Estado, entre ellas la Corte Nacional de Justicia, la Corte
Constitucional, la Asamblea Nacional y el Ministerio del Trabajo.
Tras los encuentros mantenidos y los testimonios recibidos, la misión expresó su seria
preocupación por la falta de resultados concretos frente a las denuncias presentadas por las
organizaciones sindicales ecuatorianas, así como por la ausencia de un diálogo efectivo y
permanente entre el Gobierno y el movimiento sindical autónomo. Entre sus principales
hallazgos, la misión detalló:
- El desmantelamiento del sector público y de las organizaciones del sector público con el fin
de intensificar los procesos de privatización de los servicios y bienes públicos. - La persecución y despido de dirigentes sindicales mediante la figura del visto bueno por el
solo hecho de defender los bienes públicos o derechos laborales. Se resaltaron los casos
emblemáticos de David Almeida y Gabriel García (ANTEP), así como de Christian Villalba
(Sindicato de Trabajadores de la Presidencia de la República). - La persecución penal en contra de dirigentes por ejercer el derecho a la protesta, como en
los casos de Edwin Bedoya, presidente del FUT, y Andrés Quishpe, presidente de la UNE. La
misión señaló que estas medidas buscan ser un acto “aleccionador y ejemplificador” para
evitar que el resto de trabajadores proteste ante medidas arbitrarias de la patronal o el
Estado. - El congelamiento de cuentas bancarias de las organizaciones como medida punitiva a su
labor crítica, destacando el caso de la Unión Nacional de Educadores (UNE), que sufre
actualmente esta medida arbitraria. - La existencia de selectividad por parte del Ministerio del Trabajo en el registro de directivas
sindicales. Se observó prioridad en la atención a organizaciones denominadas como
“sindicalismo amarillo o patronal” —como la CUT— frente a las organizaciones combativas,
cuyos trámites mantienen retrasos de más de un año.
- Las restricciones al derecho de organización colectiva, tanto en el sector público como en
el privado, traducidas en la exigencia de requisitos desmedidos y en el congelamiento fáctico
de los contratos colectivos. - El incumplimiento sistemático e histórico de las recomendaciones del Comité de Expertos
en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT. Dichas recomendaciones han
señalado enfáticamente obligaciones para el Estado ecuatoriano, tales como permitir la
organización sindical por rama de actividad y garantizar la protección contra injerencias
estatales a favor de los dirigentes sindicales.
Durante el pronunciamiento final, la Misión informó que el Gobierno ecuatoriano aceptó recibir
una Misión de Contactos Directos de la OIT. Esta aceptación fue presentada como un resultado
importante de la presión y del trabajo desarrollado por la delegación internacional y las
organizaciones nacionales. Sin embargo, los sindicatos advirtieron que el anuncio debe tomarse
con cautela, pues compromisos similares se han planteado anteriormente sin llegar a
materializarse.
La Misión Sindical Internacional insistió en que la eventual Misión de Contactos Directos debe
contar con la participación legítima de las organizaciones representadas por el Frente Unitario
de Trabajadores (FUT), evitando que dicha representación sea sustituida por organizaciones
patronales o estructuras afines a intereses gubernamentales, como la CUT.
Frente a declaraciones emitidas por el Ministro del Trabajo, las organizaciones aclararon que la
Misión no se retira “tranquila” del Ecuador, sino profundamente preocupada por la falta de
resultados, la ausencia de diálogo social y la persistencia de violaciones a la libertad sindical.
Asimismo, precisaron que el hecho de que Ecuador no haya sido incluido este año en la Comisión
de Aplicación de Normas de la Conferencia Internacional del Trabajo no significa que se hayan
superado los incumplimientos a los Convenios 87 y 98. Por el contrario, advirtieron que persisten
graves observaciones internacionales y que Ecuador se mantiene entre los escenarios más
preocupantes para el ejercicio de los derechos laborales. Añadieron que la exclusión de dicha
lista también responde a la existencia de otros países en la región con crisis de incumplimiento
más agudas, lo cual no resuelve el caso ecuatoriano.
La misión internacional dejó claro que continuará respaldando las decisiones de las
organizaciones nacionales, incluyendo la posibilidad de avanzar hacia mecanismos superiores
de control de la OIT, como el procedimiento previsto en el Artículo 26 de su Constitución. Este
permite presentar una queja formal por incumplimiento de convenios ratificados y puede dar
paso a una Comisión de Encuesta internacional.
La delegación estuvo integrada por representantes de la Confederación Sindical Internacional
(CSI), la Confederación Sindical de las Américas (CSA), la Internacional de Servicios Públicos (ISP),
UNI Global Union, la Internacional de la Educación y centrales sindicales de Argentina, Chile,
Brasil, Paraguay, Panamá, España y Uruguay. Las organizaciones reiteraron que la libertad
sindical, la negociación colectiva y el derecho a la organización son pilares fundamentales para
la democracia, la justicia social y el trabajo digno.