Desde la Unión Nacional de Educadores nos solidarizamos con Yasunidos frente a la injusta y desproporcionada sanción impuesta por el Tribunal Contencioso Electoral, que pretende castigar su accionar legítimo en defensa de los derechos de la naturaleza y la voluntad popular.
Este hecho no es aislado, forma parte de una política sistemática que busca restringir los derechos democráticos y consolidar prácticas autoritarias desde el gobierno de Daniel Noboa, orientadas a silenciar y perseguir a las organizaciones sociales y a quienes piensan diferente.
La sanción de más de 18 mil dólares por una diferencia contable mínima marca un precedente gravísimo: en el Ecuador de hoy, organizarse y participar puede ser motivo de castigo. Nuestra solidaridad se extiende a todas las organizaciones que han sido afectadas por estas medidas, como la FENOCIN, la Federación Médica Ecuatoriana, las organizaciones de trabajadores vinculadas al FUT, y otras que enfrentan obstáculos para el reconocimiento de sus directivas o procesos judiciales abiertos contra sus dirigentes.
Asimismo, denunciamos los intentos de asfixia económica contra organizaciones sociales como la UNE y la UGTE, mediante procedimientos cuestionables impulsados desde el CNE y ejecutados por el TCE. Alertamos además sobre el proceso abierto contra la CONAIE, otra organización histórica que ha defendido y defiende los derechos de los pueblos y la democracia en el país.
Todas estas organizaciones han cumplido un rol fundamental en la defensa de derechos, libertades y justicia social. Su persecución constituye un atentado contra la democracia misma.
Desde la UNE, hacemos un llamado a todos los sectores sociales, sindicales, indígenas, estudiantiles y ciudadanos a unir fuerzas y avanzar hacia la conformación de un gran frente nacional en defensa de los derechos y las libertades democráticas.