Quito, 26 de enero del 2026
Señora
MBA. Gabriela Sommerfeld
Ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana
De nuestra consideración:
Desde la Unión Nacional de Educadores expresamos nuestra profunda indignación y rechazo frente a la política represiva y xenofóbica que el Gobierno de los Estados Unidos ejecuta contra familias migrantes, especialmente contra niñas, niños y adolescentes ecuatorianos, hoy utilizados como instrumentos de persecución para capturar a sus padres de familia.
Cinco casos como el de Liam Ramos, Chloe Tipán (niña de apenas dos años), el adolescente Jofre Alexander Jara y una madre ecuatoriana detenida por el ICE, que dejó a seis hijos en vulnerabilidad (entre ellos un bebé de apenas 5 meses), evidencian una política inhumana de criminalización a nuestros migrantes.
Estas acciones vulneran de manera directa la Convención sobre los Derechos del Niño, en particular el artículo 3, que establece el interés superior del niño como consideración primordial; el artículo 9, que prohíbe la separación arbitraria de niñas y niños de sus padres; y el artículo 22, que obliga a los Estados a brindar protección especial a niñez migrante. La detención de menores por razones migratorias se traduce en una grave violación al derecho internacional de los derechos humanos.
Se debe mencionar que estos niños y niñas no abandonaron el Ecuador por decisión propia, sino que han sido empujados por la pobreza, la falta de fuentes de trabajo para sus padres y madres o la de oportunidades y políticas que han precarizado la vida de miles de familias obligándoles a salir del país. Según datos del INEC, entre enero y julio de 2024 la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos reportó 74.175 ciudadanos ecuatorianos “encontrados” en su intento de ingresar a ese país. A ello se suma una cifra alarmante: de acuerdo con UNICEF, uno de cada tres migrantes ecuatorianos es menor de edad. Asimismo, la cifra de niñas y niños ecuatorianos hallados solos en la frontera de Estados Unidos, en el 2023, fue de 3,895 según el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza – EEUU. Estas cifras evidencian una crisis profunda. Familias enteras y niños/as solos, se han visto obligados a migrar no por ser delincuentes, sino empujados por la ausencia de políticas efectivas de empleo, seguridad y educación.
Rechazamos el silencio del Gobierno ecuatoriano, que lo convierte en cómplice frente a la vulneración de los derechos de su propio pueblo. El Gobierno ecuatoriano tiene la obligación ética, política y legal de proteger a sus ciudadanos dentro y fuera del territorio nacional.
Por ello, exigimos una intervención inmediata del Estado ecuatoriano mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, la Cancillería del Ecuador, para frenar la criminalización de los migrantes y garantizar la reunificación familiar. Nuestros compatriotas (migrantes), niños, niñas, jóvenes y adultos no son criminales.
La niñez ecuatoriana merece protección, no persecución
Atentamente,
Andrés Quishpe
PRESIDENTE UNE NACIONAL