Por: Andrés Quishpe
Presidente UNE Nacional
Durante años se ha venido señalando que las escuelas eran el segundo lugar “más seguro” para un niño o niña después del hogar. En Ecuador, a cualquier hora del día, delincuentes ingresan a las instituciones educativas para amenazar a docentes o directivos. Ya no se trata de un hecho aislado: son varios casos, como el ocurrido este martes 13 de enero en Guayaquil, donde varios sujetos dispararon al aire mientras los estudiantes estaban en clases, dejaron panfletos y buscaban a la rectora. En 2025, cinco profesores fueron asesinados luego de ser víctimas de extorsión e intimidación durante varios meses.
La inseguridad que se vive en las calles también se reproduce dentro de las instituciones educativas. De acuerdo con un estudio del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEVAL), desarrollado en 2025, se evidencian las múltiples violencias que rodean a las 16.152 instituciones educativas del país. Las autoridades de los planteles reportan que, en los alrededores de sus centros educativos, el 53 % confirma robos constantes a estudiantes; el 41 % identifica venta explícita y consumo de drogas; y un 30 % señala actos de vandalismo. La realidad es tan alarmante que el estudio del INEVAL determina que, como consecuencia de estas violencias en las escuelas municipales y fiscales, el rendimiento en Matemáticas cae hasta 18,32 puntos en comparación con otros espacios educativos, mientras que la percepción de violencia escolar reduce el promedio en 2,75 puntos. En Lengua y Literatura, la reducción es de 2,28 puntos. La falta de recursos y de seguridad agrava aún más esta situación.
Esta realidad es aún más brutal para los cientos de docentes y estudiantes que enfrentan contextos de violencia. Como es el caso de siete profesores de un mismo plantel educativo de una provincia de la Costa, cuya seguridad y vida están en riesgo luego de haber sido “vacunados” en los últimos días. Estos docentes sufren amenazas constantes. En el último video que llegó a sus celulares se observa a una persona portando un fusil de alto calibre, con el siguiente mensaje: “Mira lo que hay para ti. Paga lo que se te ha pedido o uno de estos será para ti…”. A esto se suman los constantes seguimientos e intimidación cuando reciben fotografías en sus teléfonos: imágenes de los docentes al interior de sus vehículos o cuando están caminando a sus hogares. La zona donde se ubica la institución educativa enfrentó esta semana un caso de sicariato; es identificada como zona roja y el plantel forma parte de las instituciones educativas prioritarias dentro de los denominados “planes de seguridad” del Gobierno.
¿Cómo se puede ser maestro en el Ecuador cuando la principal preocupación de nuestros estudiantes es llegar vivos a casa, antes que cumplir con sus actividades académicas, o cuando nuestros colegas pueden ser asesinados o secuestrados por no pagar la “vacuna”? El Estado ecuatoriano “olvida” que los profesores no somos personal de seguridad ni podemos intervenir en hechos de violencias, porque no son nuestras funciones. Quienes lo han hecho, en algunos casos, han terminado gravemente afectados en lo físico, psicológico y jurídico. Los maestros no tenemos formación para contener acciones de violencia; por el contrario, estamos preocupados y hostigados porque se nos asignan responsabilidades administrativas como rondas de guardianía o tareas de consejería, entre otras, en nombre de la “seguridad”. Estas medidas nos exponen aún más, deslindan al Estado de su responsabilidad y nos alejan de nuestra función principal, la pedagogía.
Ninguna de estas realidades debería estar ocurriendo. Lamentablemente, no existe un plan ni voluntad política del Gobierno para frenar esta crisis. Si delincuentes pueden ingresar a una escuela, disparar y dejar panfletos que amenazan a una directora frente a sus estudiantes, estamos ante un punto crítico de ingobernabilidad. Sin embargo, tampoco podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que los siete docentes de un plantel diferente y que han denunciado sus casos ante la Fiscalía y la autoridad educativa (MinEdec) sean víctimas de hechos aún más graves, especialmente cuando reciben respuestas como esta:
“(…) El departamento de Talento Humano con la autorización del Director Distrital, dispuso que realizarían teletrabajo por el lapso de tres días. No obstante, es importante señalar que esta dependencia no se encuentra autorizada para emitir ni ejecutar dicha disposición por el tiempo distinto, o hasta que con concluya el año lectivo, por lo que debe continuarse con el debido proceso en la Fiscalía General del Estado, hasta que se emita la recomendación o sugerencia correspondiente por parte del Agente Fiscal correspondiente.”
Alertamos que los docentes amenazados y extorsionados continúan trabajando de manera presencial en su plantel, sin ninguna medida concreta de protección y mucho menos de un plan de seguridad para ellos y sus estudiantes. La respuesta emitida mediante documento oficial de MinEdec no es más que una expresión de cómo, en el Ecuador, se ha normalizado dar clases en modalidad virtual (teletrabajo) por tres días cuando un docente es víctima de extorsión o intimidación. Los niveles de inseguridad y violencia contra los docentes son tan altos que ni siquiera la reubicación resulta una medida efectiva, además de estar plagada de burocracia, retrasos y trámites que, en muchos casos, obligan al docente a contratar un abogado particular para gestionar su situación ante los distritos educativos.
Este artículo es una invocación urgente al Gobierno y a todas las instituciones del Estado ecuatoriano para que actúen de manera articulada e inmediata, para que ir a clases no sea un riesgo de muerte. Y si no existe un poder Ejecutivo, Legislativo, un sistema judicial o Fuerzas Armadas que garanticen el derecho a la integridad, entonces es momento de que la sociedad lo exija, porque no puede seguir siendo indiferente a lo que ocurre en los espacios educativos y en todo el país. Desde la UNE demandamos que se actúe de manera lógica y humana para precautelar la seguridad y la vida de nuestros siete compañeros y de la rectora que está siendo buscada por un grupo de delincuentes. Si las autoridades atienden de forma inmediata este pedido, con gusto entregaremos las evidencias señaladas en este texto, así como otros casos documentados. Y, una vez más, pondremos sobre la mesa nuestras propuestas de seguridad para los 200 días que dura el año lectivo, así como un plan de reinserción escolar.