La UNE presentó este 16 de octubre la demanda de inconstitucionalidad de acto normativo contra el Oficio N.º 13372 de 02 de octubre de 2025, emitido por la Procuraduría General del Estado (PGE), y la Resolución N.º 072-2025 de 03 de octubre de 2025 del Consejo de la Judicatura (CJ), que designa como Fiscal General Subrogante a Carlos Leonardo Alarcón Argudo, por vulnerar la Constitución, el principio de separación de funciones y el derecho a la seguridad jurídica.
Andrés Quishpe, presidente de UNE Nacional, señaló: “La Carta Magna señala en el Art. 208 numeral 11: que la institución que debe designar a un fiscal general del estado ecuatoriano es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), no otro organismo”.
Denunció, además, que su designación ha provocado criminalización de la lucha social citando a Fiscalía a dirigentes de la UNE, Conaie, FUT, Frente Popular por los presuntos delitos de delincuencia, terrorismo, enrequecimiento no justificado; congelando cuentas; negando el acceso a los expedientes en Fiscalía. A su vez, archivó la Investigación Previa No. 170101825084329 (161-2025), que presentó Yaku Pérez por presunto delito de tráfico de influencias contra Daniel Noboa y Lavinia Valbonesi. Todo esto evidencia que actuó como fiscal de bolsillo del Gobierno.
Por ello, se solicitó a la Corte Constitucional la suspensión inmediata de los efectos del Oficio 13372 y de la Resolución 072-2025. La UNE reafirmó su compromiso con la defensa del Estado de Derecho, la institucionalidad democrática y el respeto a la Constitución, pilares fundamentales para garantizar la justicia, la transparencia y la confianza ciudadana en las instituciones públicas.