La Corte Constitucional del Ecuador declaró inconstitucional la Ley de Solidaridad Nacional, la Ley de Integridad Pública y sus normas conexas, incluidos los Reglamentos.
En su resolución, la Corte señaló que dichas leyes vulneraban la unidad de materia, la publicidad y la deliberación democrática, recordando que ninguna ley puede aprobarse limitando el debate público.
Las juezas y jueces acogieron varios de los argumentos planteados por la UNE, el FUT, la Federación Médica, abogados y otras organizaciones que, unidos y movilizados, conformaron el Frente en Defensa de la Salud, la Educación Pública y el Trabajo. Con ello, se demuestra que los derechos se defienden con organización, unidad y lucha.
La resolución de la Corte Constitucional ratifica la justeza de las demandas de los sectores sociales y protege a más de 200 mil servidores públicos, profesores, médicos, enfermeras, administrativos, entre otros, con contrato o nombramiento provisional, quienes en octubre, noviembre y sobre todo en diciembre corrían el riesgo de ser despedidos por el Gobierno.
Esta sentencia, que constituye una victoria de los trabajadores y pueblos del Ecuador, también representa un freno a la conducta autoritaria de Noboa, quien pretende manipular la normativa jurídica vigente a su conveniencia y busca imponer una nueva Constitución para alcanzar ese propósito.
Convocamos a los pueblos del Ecuador, a las organizaciones sociales y a la juventud a fortalecer los actuales procesos de movilización, como única garantía para que se respete la Constitución y los derechos.
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