Los más de 27 accionantes y los más de 40 amicus curiae de médicos, profesores, mujeres, trabajadores, psicólogos, enfermeras, profesionales del derecho, jóvenes, representantes de las cooperativas de ahorro, colegios y organizaciones de profesionales, docentes universitarios, federaciones de trabajadores municipales, jubilados, ciudadanos han expresado de manera altiva y argumentativa, frente a la Corte Constitucional, las razones por las cuales la Ley de Integridad Pública debe ser declarada inconstitucional, manifestando al Estado que lo que defienden en las calles, también lo pueden defender en el máximo órgano de justicia constitucional y otros espacios de ser necesarios.
La audiencia pública telemática del caso 52-25 IN y acumulados, correspondiente a la acción pública de inconstitucionalidad por la forma y fondo contra la Ley Orgánica de Integridad Pública (LOIP), que presentó la UNE y en la cual se acumularon los más de 27 accionantes, desarrollada este 27 y 28 de agosto, ha dejado claro que la LOIP no cumple con los requisitos constitucionales de unidad de materia. Los abogados de la Presidencia de la República y de la Asamblea Nacional no han podido justificar la unidad sistemática o teleológica de los cambios legislativos que esta Ley establece a más de 20 leyes.
La Asamblea Nacional no pudo explicar la ausencia de debate en la comisión de los textos incluidos durante el segundo debate sobre las reformas a la Ley Orgánica de Movilidad Humana y tampoco lograron dar respuestas a interrogantes básicas formuladas por los jueces.
Está claro que la LOIP violenta derechos básicos. Es función de la Corte Constitucional, una vez que ha escuchado a las partes, actuar en el marco del Estado de Derecho y de lo que determina la Carta Magna.
Desde la UNE saludamos a todos los accionantes y a quienes participaron con amicus curiae. Hacemos un llamado a mantener la unidad forjada en defensa de nuestros derechos y a preparar la jornada de movilización el 11 de septiembre.
¡El pueblo unido jamás será vencido!