La Unión Nacional de Educadores presentará el próximo lunes 30 de junio una demanda de inconstitucionalidad a la Ley de Integridad Pública porque violenta derechos fundamentales de los ecuatorianos.
Esta normativa reforma al artículo 81 de la LOSEP, que eleva de 60 a 65 años la edad mínima para acceder a la jubilación voluntaria de los servidores públicos: profesionales de la salud, educación, trabajadores de los GAD, servidores universitarios, entre otros. Es decir, quienes deseaban jubilarse voluntariamente entre los 60 y 64 años (cumpliendo los requisitos del IESS: 360 aportes a la seguridad social y 60 años de edad) ahora deben esperar cinco años más. Esto constituye un retroceso contrario al principio constitucional de progresividad de derechos.
Otro atentado contra los derechos laborales es la derogatoria del artículo 89 de la LOSEP, que garantiza estabilidad en el trabajo, derecho a la reubicación en caso de supresión de puestos y procedimientos justos para la destitución. Eliminar este artículo es permitir despidos sin justificación, debilitar el sistema de méritos en la carrera administrativa y dejar que los servicios públicos sean utilizados con fines politiqueros.
Preocupa también la criminalización a la niñez y adolescencia al imponerles penas de adultos. Mientras a los reclutadores se los deja al libre albedrío cuando ellos son los que deberían recibir severas sanciones. Esta ley ha sido cuestionada por UNICEF, que advierte que estas reformas regresivas contravienen la Constitución y la Convención sobre los Derechos del Niño ratificada por Ecuador.
La Ley de Integridad Pública también allana el camino para un nuevo control del sistema judicial, al permitir que el Consejo de la Judicatura declare en emergencia la Función Judicial y sustituya jueces a su conveniencia. Además, abre las puertas a posibles casos de corrupción al quitarle a la Contraloría General del Estado la potestad en procesos claves de la contratación pública. Esta misma norma incluye un nuevo perdón tributario a sectores pudientes y beneficiando a quienes evaden impuestos.
A esto se suman las reformas a 11 leyes más que dan paso al autoritarismo bajo el argumento de “orden y seguridad”. Eliminan derechos de mujeres, trabajadores y jóvenes. Desde UNE rechazamos estas reformas regresivas, antidemocráticas y dictatoriales. Llamamos a todos los sectores sociales a organizarse, informarse y movilizarse en defensa de la justicia social, la democracia y los derechos de quienes sostienen con su trabajo los servicios públicos y el futuro del país.
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL – UNE
Andrés Quishpe – Presidente Nacional