Gracias señor Presidente:
Asistentes a la 113 Conferencia Internacional del Trabajo
Como ustedes conocen, el artículo 1 del convenio 98 de la OIT señala que, los trabajadores deberán
gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la
libertad sindical en relación con su empleo. En Ecuador, uno de los sectores que tienen problemas
en poder ejercer sus derechos de contratación colectiva y sindicalización, es el sector educativo.
Esta realidad obedece a que el 18 de agosto de 2016 durante el régimen correísta se desarrolló una
acción de discriminación gremial al eliminar la organización sindical más representativa: la Unión
Nacional de Educación. En ese periodo, varios dirigentes sindicales (maestros y maestras) fueron
perseguidos por la pertenencia a UNE y el Estado hasta el momento no ha reparado estas
vulneraciones a los derechos laborales.
El 15 de mayo de 2017, la Unión Nacional de Educadores (UNE) presentó la queja al Comité de
Libertad Sindical por la disolución de la organización realizada por el gobierno de la República del
Ecuador, caso signado con el No. 3279. El Comité instó adicionalmente al Gobierno a que tome todas
las medidas necesarias para asegurar la completa devolución de los bienes incautados a la
organización, así como la eliminación de toda otra consecuencia resultante de la disolución
administrativa de la cual fue objeto la UNE.
El 1 de febrero de 2019 la Defensoría del Pueblo del Ecuador instó públicamente: “Al Ministerio de
Educación para que anule la Resolución No. MINEDUC-SEDMQ-2016-0498, de 18 de agosto de 2016,
y proceda a restituir por acto administrativo la personería jurídica a la UNE y sus bienes, en respeto
y protección a los derechos humanos de sus agremiados y en reconocimiento de sus actividades.
Señor Presidente y 113 conferencia Internacional del Trabajo es necesario que ustedes conozcan,
ahora de voz propia de los trabajadores de la educación (mujeres y hombres) ecuatorianos que
ninguna de estas resoluciones ha sido atendidas por los gobiernos que han pasado desde el 2016.
Son 10 años de esta afectación a la sindicalización y que sigue repercutiendo en la negociación
colectiva, entre otros derechos humanos.
El sector educativo en el Ecuador, es uno de los sectores en los que, no se ejerce ninguna forma de
negociación colectiva. Por lo que, derechos como el permiso sindical y la cuota sindical no son
respetadas para los docentes, convirtiéndose esto en una forma de discriminación sindical respecto
al resto de trabajadores del propio ministerio de Educación quedando claro una clara exclusión del
derecho a negociar en condiciones de igualdad y representatividad.
La OIT, a lo largo de su caminar, ha adoptado numerosas decisiones importantes que han marcado
el camino hacia la justicia social y el trabajo decente. Algunas están en lo que la humanidad y los
educadores enseñamos como son los Ocho Convenios Fundamentales de la OIT:
En estos convenios es donde precisamente se abordan temas como la libertad sindical, la abolición
del trabajo forzoso, la abolición del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación que
constituyen la savia renovadora de las normas internacionales de un trabajo decente.
Y precisamente el trabajo decente se sustenta en tres pilares: inversión en el trabajo, inversión en
las capacidades de las personas e inversión en las instituciones de trabajo. Inversión en el trabajo
significa tener como prioridad el empleo con derechos en el proceso de canalización de las
inversiones públicas y privadas; las capacidades se sustentan en la educación general y específica;
mientras que las instituciones del trabajo se refieren al salario mínimo, crecimiento de ingresos de
los trabajadores y la formalización de la relación laboral colectiva. Estos tres pilares expresan que
trabajo digno y educación van de la mano. No hay trabajo digno, donde no hay escuelas dignas,
donde no hay libertad sindical, donde no hay diálogo y justicia social. Más aun cuando en Ecuador
ser docente se está transformando en una profesión de alto riesgo por los diferentes contextos de
violencia e inseguridad.
En este contexto exhortamos a la OIT recomendar al Estado ecuatoriano a garantizar el derecho a
la organización sindical de los docentes agrupados en la Unión Nacional de Educadores,
restituyéndose su personería jurídica y revisando los procesos jurídicos y administrativos levantados
sobre los bienes de la organización, que han sido afectados, a causa de la disolución. Así como
acompañarnos en una comisión tripartita.