Después de 15 días de lucha y resistencia, el pueblo de Napo junto a otros sectores de la Amazonía hicieron retroceder al Gobierno de Noboa en la construcción de una cárcel en Archidona que cuesta USD 52 millones mientras las necesidades básicas de la población siguen sin ser atendidas.
La resistencia y unidad de las familias, comunidades indígenas, jóvenes, profesores junto a las diversas organizaciones sociales han logrado frenar la prepotencia de un Gobierno que, sin consultar a la gente, buscó imponer los barrotes por sobre cuatro escuelas y áreas turísticas.
Respecto a lo sucedido, desde la Unión Nacional de Educadores exigimos que se anule el contrato con Puentes y Calzadas Infraestructuras S.L., empresa española que es subsidiaria de la estatal China Road And Bridge Corporation, sobre la construcción de la cárcel en Archidona que aún está vigente.
Ahora el Gobierno va por un segundo centro penitenciario en Santa Elena, cerca de zonas pobladas, afectando de manera directa el desarrollo de la provincia. ¿La comunidad de Santa Elena estará de acuerdo? Si no es así, el error persiste: imponer decisiones al margen de las comunidades.
Noboa gasta en cárceles mientras los problemas de fondo de la inseguridad y violencias, como la falta de educación, salud, empleo y seguridad son relegados al punto en que se recortan USD 2 mil millones para salud y educación.
Comité Ejecutivo Nacional – UNE
Andrés Quishpe, presidente UNE Nacional