El reciente caso de un policía detenido por reclutar niños y adolescentes para convertirlos en sicarios expone la descomposición de nuestras instituciones y la grave crisis social que enfrenta Ecuador. Este hecho no es aislado; refleja una realidad alarmante donde los menores son las principales víctimas de un sistema que les ha fallado.
Según datos oficiales: 289 jóvenes de hasta 19 años fueron asesinados en 2023, un incremento respecto a los 248 en 2022 y los 98 en 2020. Esta tendencia pone de manifiesto cómo la niñez y adolescencia se ha convertido en blanco de las bandas delincuenciales, en un contexto de pobreza extrema, exclusión social y falta de oportunidades.
La respuesta del Gobierno y la Asamblea Nacional se limita al endurecimiento de penas y la criminalización de menores, mientras ignora las causas estructurales como la falta de acceso a educación, recreación y servicios básicos. Es inaceptable que, además, instituciones como la Policía Nacional alberguen entre sus filas a quienes contribuyen a perpetuar este ciclo de violencia.
Resulta contradictorio e indignante que la seguridad de nuestros niños, familias y sociedad esté a cargo de una institución (Policía Nacional) que tiene entre sus filas criminales y delincuentes de todo tipo. Esta afirmación la realizamos frente a los diferentes delitos donde no solo personal de tropa está involucrado, sino también generales y capitanes y que en las últimas horas han sido detenidos por narcotráfico. Esta realidad admite una lectura, demandamos sanear esta institución, no hacerlo es seguir poniendo en riesgo a nuestra niñez y juventud. Asimismo, instamos al Estado a priorizar políticas públicas que aborden las raíces de esta crisis, garantizando el desarrollo integral de la niñez y juventud. No podemos permitir que sigan siendo las principales víctimas de un sistema que los abandona y los condena.