Sin explicación alguna, el Gobierno, mediante una denominada “segunda etapa”, está entregando los textos escolares luego de que han transcurrido seis meses del año lectivo 2024-2025 en el régimen Costa, y cuando faltan apenas dos meses para su culminación.Según varios expertos y organismos, la falta de libros afecta directamente el desarrollo cognitivo de los niños. La lectura no solo permite adquirir conocimientos, sino que también tiene un impacto positivo en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Además, es una herramienta clave para reducir la tensión y el estrés, fenómenos que han cobrado fuerza en medio de la actual crisis energética.
Es preocupante que los gobiernos no comprendan que, cuando un niño o niña lee, es posible desarrollar diversas habilidades cognitivas fundamentales. En un contexto de apagones y falta de acceso a internet, los libros se convierten en herramientas indispensables que debieron ser entregadas a tiempo. Con ellos, los estudiantes, junto a sus familias o amigos en casa, pueden desarrollar procesos de retroalimentación y realizar actividades esenciales para su aprendizaje.
La Constitución de la República del Ecuador establece el principio del “interés superior del niño, niña y adolescente” en los siguientes términos:
Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos. Se atenderá al principio de su interés superior, y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas.
Por su parte, el Art. 37.4 del Código de la Niñez y Adolescencia dispone que: “Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda un sistema educativo que: (…) garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados, y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje.»
Estos principios y normas garantizan que los derechos de los menores prevalezcan sobre los de las demás personas. Por lo tanto, no existe justificativo alguno para impedir el ejercicio de estos derechos, aduciendo falta de presupuesto o recurriendo a la negligencia e improvisación. El Gobierno y el Ministerio de Educación han vulnerado el derecho de los estudiantes a recibir textos escolares a tiempo en escuelas y colegios del país. Esta falta de libros y su entrega tardía no solo afecta la calidad de la educación, sino que también agudiza las problemáticas educativas existentes.
Desde la Unión Nacional de Educadores (UNE), denunciamos que en el régimen Sierra y Amazonía los textos escolares tampoco han sido entregados. Como educadores, alertamos que el Estado y el Gobierno están ignorando los efectos que la pandemia de COVID-19, los cierres de escuelas y colegios por la violencia, la inestabilidad pedagógica por los cortes de energía, la exclusión escolar, y el maltrato a los docentes han causado en nuestros niños, niñas y jóvenes. Estas problemáticas, lejos de ser recientes, se han profundizado debido a las políticas de improvisación de los gobiernos de turno, la falta de inversión y, ahora, el menosprecio hacia la escuela pública por parte de un Gobierno neoliberal.
La UNE ha presentado en reiteradas ocasiones propuestas y proyectos para enfrentar la crisis educativa. Sin embargo, estas iniciativas han sido archivadas por el actual Gobierno. Por ello, reafirmamos nuestra decisión de continuar movilizados a pesar de las amenazas. Los derechos de nuestros niños, niñas y del magisterio no se negocian ni se venden.
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